La muerte del magistrado Jesús Ociel Baena ha generado un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga el caso, ante las críticas hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes por presuntas inconsistencias en la investigación. El magistrado era reconocido por su labor en la defensa de los derechos humanos, y la comunidad LGBTIQ+ ha señalado que la FGE ha adelantado conclusiones, descartando rápidamente la posibilidad de un crimen de odio y llevando a cabo el proceso sin una perspectiva de diversidad sexual.

Ante las críticas, el gobierno federal ha exhortado a las autoridades de Aguascalientes a no descartar ninguna línea de investigación en el caso de Jesús Ociel Baena. Asimismo, se ha manifestado dispuesto a colaborar con el gobierno estatal para esclarecer los hechos. Activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ+ han pedido que el caso sea considerado un presunto magnicidio por odio, argumentando que afecta no solo la vida y derechos de Jesús Ociel, sino también los derechos de las personas de diversidad sexual.

En caso de que la FGR atraiga el caso, se sumará a otros casos que han conmocionado a la opinión pública y han generado cuestionamientos sobre la capacidad de las fiscalías estatales en la resolución de casos sensibles. La solicitud de intervención federal busca garantizar una investigación objetiva y exhaustiva en un contexto donde la transparencia y la perspectiva de derechos humanos son fundamentales para alcanzar la justicia.