La corrupción en México es un problema endémico y uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. Uno de los ámbitos donde más se manifiesta esta práctica es en la obra pública, especialmente en los gobiernos municipales, donde el control sobre los recursos es menor y la vigilancia ciudadana suele ser menos intensa.
Un ejemplo reciente de esta problemática es el caso del contrato OP-FCP-FISMDF22-LP-01/2022 para la construcción de un techado en espacio multideportivo y bienes públicos en la comunidad de San Andrés*, municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo.
El contrato, por un monto de 3 millones 177 mil 285 pesos, fue otorgado por la administración de la presidenta municipal, Maricarmen Candelaria Hernández Solís, a una supuesta “empresaria” de nombre Laura Lorena Pérez Viveros, que carece de experiencia previa en obras públicas y no está registrada como empresa en el Registro Público del Comercio. Además, su RFC estuvo suspendido durante más de siete años hasta que fue reactivado justo antes de que se abriera la convocatoria el 18 de marzo del 2022. para la licitación, lo que sugiere que podría tratarse de una empresa fantasma creada ad hoc para obtener el contrato.
A pesar de estas sospechas, Laura Lorena Pérez Viveros fue la única empresa que se presentó al concurso y presentó una propuesta por más de 3 millones de pesos, que fue aceptada por la administración de Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, la investigación realizada por este medio de comunicacion revela que no existen pruebas de que la supuesta contratista tenga la capacidad técnica ni los recursos económicos para llevar a cabo la obra en cuestión.
Por si esto fuera poco, el domicilio fiscal* de Laura Lorena Pérez Viveros es una casa de tipo interés social en la ciudad de Chetumal, en la calle Trinidad y Tobago 235 entre la calle Naranjal y Dominica, en el Fraccionamiento Caribe, que no parece tener las características de una constructora y que no podría servir como garantía en caso de que algo salga mal en la obra. Además, el superintendente de la obra que firma en los contratos*, Arq. Carlos Aaron Borges Cool, no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas y no hay información sobre trabajos realizados anteriormente.
Otro aspecto que llama la atención en el contrato es una cláusula que prohíbe a Laura Lorena Pérez Viveros hablar sobre la obra a los medios de comunicación sin autorización del municipio. Esta restricción podría ser interpretada como una forma de evitar la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En este contexto, es preocupante que la administración de la presidenta municipal, Mary Hernández, haya cedido un contrato millonario a una empresa sin experiencia ni solvencia, que podría estar involucrada en prácticas de corrupción y que parece haber sido creada ad hoc para obtener el contrato. Este tipo de situaciones no solo son injustas para las empresas honestas que podrían haber presentado una propuesta más competitiva, sino que también dañan la imagen del gobierno y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Es necesario que se investigue a fondo este caso y se tomen medidas para evitar que se repita en el futuro. Las autoridades competentes deben garantizar que la obra pública se lleve a cabo de manera transparente, eficiente y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.
Pareciera ser que, a la presidenta municipal, Mary Hernández poco le importan los principios de la “Cuarta Transformación”, principios que son irrenunciables, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, son la brújula moral que guía la lucha del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
*De acuerdo con a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
