El presidente municipal de José María Morelos, Erick Borges Yam, podría enfrentar consecuencias legales por no respetar la Ley de Protección y Bienestar Animal, que prohíbe las peleas de gallos y corridas de toros en todo el estado de Quintana Roo.

En primer lugar, podría ser sancionado por la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, (PPA) por no acatar su exhorto para prohibir estos eventos en su municipio.

Además, cualquier ciudadano o asociación podría presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, incluyendo la PPA, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Si se demostrara que el presidente municipal ha violado la Ley de Protección y Bienestar Animal, podría enfrentar una multa, suspensión temporal o incluso la destitución de su cargo.

Es importante destacar que, en caso de que se demuestre que el presidente municipal ha promovido o permitido las peleas de gallos y corridas de toros, estaría incurriendo en un delito penal que podría ser sancionado con algunas multas, ya que la ley establece en su artículo 40 en la fracción XII señala: Queda prohibido por cualquier motivo: “Las corridas de toros, vaquillas o novillos y becerros, las peleas de gallos y el entrenamiento de animales para su utilización en este tipo de espectáculos” y todo lo que involucre violencia y maltrato hacia los animales, sean estos domésticos, silvestres o de producción, en el territorio del Estado de Quintana Roo.

En una entrevista, el funcionario declaró: “En José María Morelos y toda la zona maya, tenemos usos y costumbres que el pueblo hace, nosotros como presidentes municipales no tenemos facultades para cancelarlos, es algo que está por encima de la ley y lo respeto”.

A pesar de que la Procuraduría de Protección al Ambiente emitió un exhorto hace una semana para impedir la celebración de las peleas de gallos y corridas de toros durante las “fiestas de la primavera”, el presidente municipal de José María Morelos ha hecho caso omiso del llamado y ha permitido la realización de estos eventos.

El desacato del alcalde de José María Morelos a la Ley de Protección y Bienestar Animal es una afrenta a la protección de los derechos de los animales y un ejemplo de la impunidad con la que algunas autoridades pueden actuar en algunas partes del país.

Es lamentable que, en pleno siglo XXI, todavía existan autoridades que consideren que los usos y costumbres están por encima de la ley y que no se den cuenta de que estas prácticas atentan contra la vida y la integridad de los animales.

Esperemos que las autoridades correspondientes tomen medidas para que se respete la ley y se garantice la protección de los animales.